Autor Tema: La Guía de Alejandro Toledo para meter presa a tu suegra  (Leído 2521 veces)

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La Guía de Alejandro Toledo para meter presa a tu suegra
« : marzo 29, 2015, 11:02:47 am »
La Guía de Alejandro Toledo para meter presa a tu suegraAlejandro Toledo y Eliane Karp no han sido acusados...todavía. height=515Alejandro Toledo y Eliane Karp no han sido acusados…todavía.       El caso Ecoteva ha vuelto a la vida. Después de casi dos meses de silencio sobre el tema, la fiscal Elizabeth Parco formalizó denuncia penal contra la suegra de Alejandro Toledo por lavado de activos. Eva Fernenbug ha sido acusada –junto a su abogado David Eskenazi (sin relación con Yaco (esperamos))– por las millonarias compras que se realizaron a través de la empresa Ecoteva.
Pero esto no quiere decir que Alejandro Toledo y su esposa estén salvados. La fiscal Parco lo  ha llamado en calidad de testigo pero ya le ha dicho que no se emocione, que “no se ha archivado la denuncia en su contra”, que está recopilando información adicional tanto de él como de ‘Ilian’
 <blockquote>Para la magistrada del Ministerio Público, resulta necesario que se aclare cuál fue el rol que Toledo y Karp cumplieron en la adquisición de los bienes a favor de Fernenbug, cuál fue el interés que tenían en que la ciudadana belga tuviera un representante legal y por que el ex presidente negó la reunión que tuvo con el notario Melvin Rudelman en San José, Costa Rica.</blockquote> ¿Cómo sucedió todo esto? ¿Cómo terminó la suegra enjuiciada por algo que evidentemente no hizo ella? Nos introducimos a la mente del Sano y Sagrado para presentar un breve recuento de Cómo Involucrar a Tu Suegra:
 
 1.  Hazla firmar todo Todos queremos una suegra como Eva Fernenbug height=515Todos queremos una suegra como Eva Fernenbug      La empresa Ecoteva fue fundada en 2012 por Eva Fernenbug,  de 85 años, y con sus fondos, según un reporte de la Unidad de Investigación Financiera (UIF), se pagaron las hipotecas de las casas de Alejandro Toledo en Camacho y en el balneario de Punta Sal. Además, Eva Fernenbug compró con esos mismos fondos, una residencia en Las Casuarinas y una oficina en Surco, todo por un valor de casi cinco millones de dólares.

Lo curioso es que Eva Fernenbug no tenía de dónde sacar el dinero, en su desesperación, Toledo llegó a decir que Eva Fernenbug tenía cierto dinero producto de una pensión como sobreviviente del holocausto nazi.(?) Este argumento se vino abajo rapidito y otra vez quedó la pregunta. ¿De dónde sacó la plata la suegra?

 
2. “Es mi suegra pero no sé nada”

En la única entrevista que dio en televisión, Alejandro Toledo le dijo a Augusto Álvarez Rodrich que Ecoteva obtuvo una garantía prestataria de US$ 20 millones otorgada por su amigo Josef Maiman.

    El ex presidente agregó que fue con ese aval que el banco facilitó a su suegra, mediante hipoteca, los US$ 3 millones con los que adquirió la mansión en Surco “para alquilarla”. Respecto a por qué no aparece un registro de la hipoteca, Toledo dijo que este sí fue hecho en Costa Rica y que en Perú no pudo ser posible por “observaciones subsanables” en la operación. Para comprobarlo, presentó la constancia emitida por la Sunarp de que se formuló la petición.

Pero allí nada más, salió Gustavo Gorriti a decir que Maiman estaba quebrado y que era imposible que pudiera hacer algún préstamo.

    “La compañía principal de Maiman se ha declarado en bancarrota en Israel y también hay asuntos judiciales en Estados Unidos referidos a eso. Lo que sí quedó claro y eso está en los medios que informaron sobre el proceso de bancarrota que mientras estaba cesando el pago de deudas, tenía sueldos millonarios para él y para las dos o tres personas que estaban cercanas a él”

Detalles, detalles.

 
3. Que ella se la presidenta

Su versión volvió a caer (sí, otra vez) cuando Caretas publicó la versión de de Luis Arbulú Alva quien dijo que  la plata vino desde Nueva York

    Coincidentemente, el 23 de enero del 2012 fue constituida en Costa Rica la empresa offshore Ecoteva Consulting Group S.A. La creación de esta compañía coincidió con la llegada de Toledo y su esposa a San José de Costa Rica dos días atrás, el 21 de enero, de acuerdo al Certificado de Movimiento Migratorio No 15206. Ecoteva fue conformada por los “socios” Claudia Centeno Fuentes y Jesús Ángel Zamora, quienes nombraron a Eva Rose Fernenbug (86), la suegra de Toledo, como presidenta del directorio.

Como demostró un reportaje de Marco Vásquez, en Panorama, los socios de Ecoteva eran nada menos que trabajadores de limpieza usados para crear la empresa. Sigue Caretas:

    Pues bien, de acuerdo a la información otorgada por Arbulú al Ministerio Público, fue a través de Ecoteva que se realizaron los pagos para la adquisición de la residencia de Las Casuarinas.

    El registro bancario revela que se realizaron tres depósitos:

    – Una transferencia de US$ 152,319.00 desde el Bank of New York a la cuenta maestra del BCP No 193-1430950-1-49, cuyo titular es Arbulú.

    – Otra transferencia de US$ 3’297,681.00 desde el JP Morgan de Park Ave 270, New York, a la cuenta maestra de Arbulú en el BCP.

    – Y un último pago de US$ 300,000 a través de un cheque de gerencia.

4. Si caes, jamás lo hagas solo

Luego, ya en enero de este año, la Comisión de Fiscalización del Congreso aprobó un informe en el  que se proponía  denunciar ante el Ministerio Público al ex presidente Alejandro Toledo por los presuntos delitos de asociación ilícita y lavado de activos debido a su participación en la creación de la empresa Ecoteva.

PREINFORME ALEJANDRO TOLEDO

Aquí, en un post anterior hay un resumen de las mejores partes del informe donde Alejandro Toledo aparece gravemente vinculado.

Así fueron las cosas hasta que ayer, la fiscal Elizabeth Parco, finalmente, se pronunció. Hasta el momento, Eva Fernenbug y su abogado, David Eskenazi son los únicos involucrados. La fiscal ha dicho que no importa la edad de la suegra, que como toda ciudadana tiene que responder ante la justicia.  Los abogados de Toledo ya han dicho que están satisfechos con este anuncio. Es posible imaginar a Alejandro Toledo sonriendo aliviado, al verse libre de todo.

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Todas las veces que Alan García se ha salvado de la Justicia
« Respuesta #1 : marzo 29, 2015, 11:09:59 am »
Todas las veces que Alan García se ha salvado de la JusticiaUna vez más, Alan García se libra de ser directamente investigado. height=384Una vez más, Alan García se libra de ser directamente investigado.       Hoy, el Poder Judicial de declaró nulo todo el informe final de la Megacomisión, donde se recomendaba acusar constitucionalmente al expresidente Alan García por las irregularidades cometidas durante su segundo gobierno. Coincidentemente, hoy también venció el plazo de vigencia de esta comisión. Es decir, si se quisiera volver a investigar a Alan García, se tendría que formar una nueva comisión.
Por más increíble que parezca, esta no es la primera vez que Alan García se salva de ser investigado directamente. Desde su primer gobierno hasta el fin de su segundo mandato, Alan García ha sido seriamente vinculado con actos de corrupción y violación a los derechos humanos. Sin embargo, él ha sabido driblear como nadie a la Justicia.
“Los crímenes de Alan García son tan horrendos como los de Fujimori, pero por más indicios que se han encontrado, el Ministerio Público ha jugado siempre a su favor”, dice Gloria Cano, directora de APRODEH. “Lo máximo que se ha logrado es que sea llamado como testigo” continúa Julio Arbizu, exprocurador anticorrupción.
 Táctica y estrategia La estrategia con la que Alan García ha enfrentado las investigaciones ha dependido de quién es el investigador al que se enfrenta. Por ejemplo, en el caso de la Megacomisión, “la defensa de García ha tratado de anular todo el proceso recurriendo a acciones de amparo”, señala el congresista Sergio Tejada. En otras ocasiones ha jugado en pared con aliados políticos. Por ejemplo, en el 2001, gracias a la influencia de los fujimoristas, consiguó la prescripción de los casos de corrupción de su primer gobierno. Pero, cuando las cosas se han puesto más complicadas, curiosamente, el Ministerio Público ha archivado las investigaciones o ha decidido que no “hay mérito para iniciar una investigación”.
En el caso narcoindultos, la procuraduría le presentó al Fiscal de la Nación, José Pélaez Bardales, algunas de las fichas de conmutaciones “de puño y letra de García donde él cambiaba la fecha de la condena”, la institución que dirige Peláez Bardales no las aceptó aduciendo que “no hay rigor probatorio” y que ya había una investigación en curso iniciada por el Congreso, recuerda Arbizu. “El que haya una investigación no quiere decir que no se pueda iniciar otra. Lastimosamente, cuando el Fiscal da respuestas así de absurdas no hay a dónde más acudir”, afirma el procurador anticorrupción Christian Salas.
 Para Julio Arbizu, existe una inclinación del Ministerio Público por ser más flexibles con ciertos apristas height=384Para Julio Arbizu, existe una inclinación del Ministerio Público por ser más flexibles con ciertos apristas       Algo parecido sucedió en el caso de enriquecimiento ilícito, rápidamente archivado por Peláez. Aunque la Procuraduría Anticorrupción pidió ampliar la investigación y aportó nuevos indicios, el Fiscal no los aceptó. “Existe una inclinación de parte del Ministerio Público por ser más flexibles con ciertas figuras prominentes del APRA”, sentencia Arbizu. Lo cierto es que en los casos de corrupción a los que Alan García estaba vinculado ha existido más de una extraña coincidencia que lo ha librado de ser investigado.
 Los petroaudios y BTR En octubre de 2008 se desató el escándalo de los petroaudios: interceptaciones telefónicas ilegales en las que se escuchaba a funcionarios de la administración de García traficar con sus influencias para otorgar contratos con el Estado. Los principales actores de aquella tragicomedia fueron Alberto Químper de Perupetro y el aprista Rómulo León, a quienes el país entero escuchó hablar de “aceitadas” para conseguirle favores a la empresa petrolera noruega Discover Petroleum Company.
Los audios pusieron al descubierto toda una maquinaria de ‘chuponeo’ que terminó con la salida de Jorge del Castillo, entonces Primer Ministro, junto a todo su gabinete. Más tarde supimos de la estrecha amistad de García con el dueño de Bussiness Track, de sus reuniónes con Fortunato Canaán, de las llamadas de Rómulo León a Palacio de Gobierno, etc.
La investigación se inició ese mismo año y se dividió en dos: por un lado el caso Businnes Track que incluía sólo a los chuponeadores; y por el otro, el caso Petroaudios que pretendía indagar sobre los casos de corrupción que se desprendían de las conversaciones e involucraban a funcionarios de la administración aprista que habían vendido favores.
 El caso BTR se resolvió con una rapidez inusual, mientras que el caso Petroaudios aún no está en fase oral. height=480El caso BTR se resolvió con una rapidez inusual, mientras que el caso Petroaudios aún no está en fase oral.       “Lo de BTR se resolvió con una celeridad asombrosa para el promedio de los casos peruanos”, señala Julio Arbizu. Efectivamente, el caso BTR concluyó con la encarcelación de los responsables materiales. Sin embargo, “han pasado seis años desde que se inició la investigación por el caso petroaudios y ni siquiera estamos en el jucio oral”, dice el procurador Salas.
Lo más preocupante del caso es que prescribirá en octubre. Pero este es un final anunciado si se tiene en cuenta que las irregularidades comenzaron desde las primeras detenciones. Cuando se inició la investigación, el fiscal encargado, Óscar Zevallos sólo notificó a la Procuraduría de Energía y Minas como representante del Estado y no a la Procuraduría Anticorrupción, cuando los delitos investigados eran competencia de ésta. Luego, se ha obstaculizado el proceso con el contínuo cambio de fiscales. En total han sido cinco los que han visto el caso. Primero fue Óscar Zevallos, luego Juana Meza, seguida de Flor de María Vega, Delia Espinoza y Milagros Mora, actual fiscal encargada.
“Este cambio constante de fiscales ha sido un problema porque es un tema inmenso y justo cuando el fiscal termina de estudiarlo, lo cambian por uno nuevo. Resulta bastante sospechoso”, señala Christian Salas.
En lo referido a los informantes del caso BTR también hay hechos más que sospechosos. Por ejemplo, los marinos Ismael Matta Uribe y Luis Amengual Rebaza se acogieron voluntariamente a la colaboración eficaz, sin embargo, después de dar su manifestación, fueron excluidos del proceso y en vez de ser comprendidos en el caso se les premió con un contrato en los consulados de Patterson, Nueva Jersey, y Nueva York, respectivamente, con un sueldo de 4.500 dólares.
Además, Ismael Matta entregó a la fiscalía un USB con información incriminatoria que hasta ahora no ha sido incluida como prueba del proceso. “Se quedó en manos de (Walter) Milla. Él lo tiene que tener, él nunca lo entregó”, señala Sergio Tejada.
En el informe de la Megacomisión, se recomienda que tanto el Fiscal Walter Milla como Jorge del Castillo, sean acusados por el delito de encubrimiento.
Pero eso no es todo, coincidentemente, el mismo día del primer allanamiento a las oficinas de BTR, la entonces Fiscal de la Nación, Gladys Echaíz,tuvo una cita con Alan García. “Ella dice que fue para discutir un proyecto de ley pero esto resulta una coincidencia inverosímil”, afirma Tejada.
Otro hecho llamativo es que el General de la Policía en retiro, Miguel Hidalgo, entonces ministro del Interior decidió que sea la Dirección Antidrogas (DIRANDRO) la que se encargue del caso y no la División de Investigación de Delitos de Alta Tecnología (DIVINDAT). Hidalgo justificó su decisión argumentando quela DIVINDAT no tenía los recursos suficientes. Como es de imaginar, la decisión de Hidalgo sólo trajo dificultades a la investigación. En un posterior allanamiento a la casa de la analista de BTR, Giselle Gianotti, en enero de 2009, se incautaron cuatro USBs que en el traslado hacia la DIRANDRO fueron cambiados por otros. La fiscalía recién se percató del cambiazo en marzo de 2010. Es decir, un año y dos meses después.
CARLIN_BTR se perdieron usb height=324
Las pruebas siguieron desapareciendo. La madrugada del lunes 4 de mayo del 2009, un “intruso” ingresó al despacho de la jueza María Martínez Gutiérrez, en el cuarto piso de Palacio de Justicia, y borró 592 archivos (audios y correos electrónicos) de dos USBs incautados también a Giselle Gianotti. Pero no es sólo la desaparición de pruebas lo que juega en contra del esclarecimiento de esta investigación. “Hay muchos audios y archivos que están lacrados. Hemos pedido al juzgado, a la fiscalía que (los) saquen y se abran y escuchen pero se han negado”, señala el procurador Salas.
A todo esto se suman también las dilaciones para empezar con el juicio oral. La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia pedía que para iniciar la fase oral se notificara a Discover Petroleum, incluida en la investigación como tercero civil responsable. El problema con este pedido es que Discover Petroleum ya no existe. “Nosotros pedimos que se inicie el juicio y se les envíe lo actuado pero hasta ahora no hay fecha cierta”, comenta Julio Arbizu. Mientras tanto,los involucrados en este caso están esperando que llegue octubre y se haga el milagro de la prescripción.
 
 La sombra de la prescripción asoma
 
Esta no sería la primera vez que la prescripción salva a García de ser investigado. En 1992 se inició un proceso en contra del líder aprista por enriquecimiento ilícito, debido a su supuesta participación en el escándalo del Banco de Crédito y Comercio Internacional (BCCI), su intermediación en la compra venta de aviones Mirage 2000, además de un evidente desequilibrio patrimonial.
El otro proceso fue abierto en 1994, también por enriquecimiento ilícito, colusión ilegal, negociación incompatible y cohecho pasivo, además se le acusaba de entregar sobornos para otorgar los derechos de construcción del tren eléctrico al consorcio italiano Tralima. Convenientemente, Alan García huyó del país y se refugió en Francia y Colombia, esperando que los delitos por los que se le acusaba, prescriban.
El futuro del caso petroaudios parecería seguir el mismo camino.
 
 Los fantasmas de las matanzas Si el segundo gobierno de García se caracterizó por los escándalos de corrupción, el primero estuvo marcado por graves delitos de violación a los derechos humanos.
El caso Cayara es uno de los que más llama la atención debido a las irregularidades que se cometieron. Entre los días 14 y 20 de mayo de 1988, un total de 39 campesinos del distrito de Cayara, Ayacucho,fueron asesinados de manera sistemática por un grupo de militares. Los pocos pobladores que quedaron vivos de aquella masacre, convertidos en testigos, fueron asesinados meses después.
“El Fiscal Carlos Escobar Pinedo estuvo encargado de la información, él le pidió ayuda a García para proteger a los testigos, le dio sus nombres, y al poco tiempo casi todos fueron asesinados”, señala Gloria Cano, directora de APRODEH.
Ese mismo año, la Comisión del Senado encargada de investigar la matanza negó los crímenes. Los únicos que discreparon fueron los senadores Javier Diez Canseco y Gustavo Mohme Seminario.
En el año 2005, la Fiscal Cristina de Olazábal incluyó a Alan García en la investigación del caso Cayara como responsable político junto a otros tres jefes militares y cuatro senadores. Poco tiempo después la fiscal fue removida de su cargo. Su sustituta, la fiscal Miluska Cano excluyó a Alan García de la investigación.
 La matanza de El Frontón height=384La matanza de El Frontón       El caso de la matanza en El Frontón, en 1986, fue similar. A pesar de que 33 internos fueron ejecutados, el caso fue sobreseído por falta de pruebas. En 1990, una Comisión Investigadora del Congreso determinó que altos funcionarios civiles y militares estaban implicados en la masacre y acordaron emitir un informe al Ministerio Público pero el APRA, con el apoyo de los fujimoristas de Cambio 90, logró los votos necesarios para rechazar la acusación.
En el 2005, el Fiscal superior Edgar Chirinos ordenó al fiscal provincial Mario Gonzáles reabrir la investigación contra el expresidente Alan García y todos los miembros del Consejo de Ministros de 1986. Sin embargo, el 26 de enero de 2006, la 5ta Fiscalía Supraprovincial, a cargo del fiscal Mario Gonzáles, resolvió el archivo definitivo del caso. Finalmente, en setiembre de 2013, el Tribunal Constitucional afirmó que lo sucedido en el Frontón no constituye un delito de lesa humanidad poniéndole fecha de “prescripción” a aquella ejecución extrajudicial.
“Hay un poder oculto detrás del Ministerio Público que ha impedido que se investigue”, afirma Gloria Cano, directora de APRODEH. “Yo estoy muy decepcionado del subsistema y con la nueva elección del fiscal no parece que el panorama vaya a mejorar”, finaliza el exprocurador anticorrupción, Julio Arbizu.

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El informe final de la Megacomisión sobre los narcoindultos
« Respuesta #2 : marzo 29, 2015, 11:11:12 am »
El informe final de la Megacomisión sobre los narcoindultosLa semana pasada, la Megacomisión sacó su informe final, pero la bomba de humo de Yehude la hizo pasar piola. Hoy, Alan García ha publicado –para variar, en El Comercio– sus descargos. El problema es que está haciendo descargos sobre acusaciones que han sido muy poco difundidas. La opinión pública no ha sido debidamente informada sobre los alucinantes hallazgos de la Megacomisión, así que vamos a cambiar eso.

De todos los casos denunciados por la Megacomisión, el más alucinante y comprometedor es el de los narcoindultos. Carlos León Moya, de Hildebrandt en sus Trece, publicó un extenso reportaje que detalla cada uno de los destapes. Una bomba de incalculables megatones. Léanlo.10006631_663089920405688_782087482_n
 
Le llegó su Waterloo (extracto) por Carlos León Moya
Las investigaciones desarrolladas por la Megacomisión “dan cuenta de un uso sin precedentes” de las gracias presidenciales durante el período 2006-2011, “al punto de constituir en la práctica un sistema de administración de justicia paralelo al Poder Judicial, al modificar alrededor del 30% de las resoluciones de este”. Asimismo, encuentra “alta incidencia en la excarcelación de personas condenadas por el delito de tráfico ilícito de drogas, tanto en su forma simple como en su forma agravada”.
En total se concedieron 232 indultos, de los cuales 72 fueron por casos de tráfico ilícito de drogas. Se otorgaron también 5.246 conmutaciones de pena, de las cuales 3.207 fueron a condenados por el delito mencionado. De estas, al menos 400 fueron otorgadas a condenados por tráfico ilícito de drogas en forma agravada.
En sus declaraciones a la comisión, García argumentó que las gracias presidenciales se debían a su objetivo de “erradicar el hacinamiento de los establecimientos penales”.
Sin embargo, la evidencia contradice su defensa. Lejos de reducirse, durante su gobierno el número de internos aumentó en 33%: de 35.467 en agosto del 2006 a 48.858 en julio del 2011. Además, eso no explica el especial interés en los condenados por tráfico ilícito de drogas. Los sentenciados por robo agravado componen la mayor parte de la población penitenciaria del país, con casi 30% del total de internos. Pero a estos se les otorgaron 1.626 conmutaciones, prácticamente la mitad de las 3.207 dadas a los condenados por tráfico ilícito de drogas.
A esto se suma que se otorgó 371 conmutaciones a condenados que estaban con semilibertad; es decir, que no ocupaban espacio en las cárceles. De estos, 268 eran condenados también por tráfico ilícito de drogas.
Para entregar esta cantidad de indultos y conmutaciones, fue necesario modificar la normativa existente. Por una parte, se flexibilizaron los requisitos y las exigencias. Por otra, se fusionaron las comisiones que veían los casos a ser beneficiados, centralizando el manejo en una sola: la Comisión de Gracias Presidenciales. Esta sufrió modificaciones con respecto a su antecesora: se redujo el quórum de su instalación de 4 a 3 miembros, se cambió su composición –de profesionales especializados a un nombramiento simple–, se eliminó el sorteo para la distribución de las solicitudes entre los comisionados y también se eliminó la obligación de archivar las solicitudes de indulto denegadas.
El informe incluye análisis de casos: 3 de indultos y 39 de conmutaciones de pena. En indultos, se revisan los entregados a Juan Dianderas Ottone, José Francisco Crousillat y Julio Espinoza Jiménez, expresidente del Sistema Integral de Salud. Los tres fueron indultados a pesar de no padecer enfermedad terminal alguna.
El pedido de Crousillat incluso había sido rechazado antes por “no calzar” dentro de los requisitos para esta gracia presidencial. En el caso de Espinoza Jiménez, la Comisión considera que hubo “sustracción de la acción de justicia”, pues fue indultado en pleno proceso judicial a pesar de no cumplir los requisitos para recibir dicha gracia.
Respecto a los casos analizados de conmutaciones de pena, se encontró casos de familias y bandas enteras siendo conmutadas, así como denuncias de cobros. Lo más significativo de esta parte, sin embargo, es verificar que Alan García disminuía en ocasiones los años de conmutación propuestos por la Comisión de Gracias Presidenciales, consignando los cambios con su puño y letra. Es decir, alteraba los expedientes.
“A todos les ponía mi rúbrica”, dijo García ante la Comisión. “Lo pueden ver en los 5.200 casos. No tengo problema”. Asimismo, dijo no saber sobre el cambio de la reglamentación. “Supongo que (ocurrió) por el ministro a cargo. Desconozco absolutamente esas negociaciones”. Consultado sobre el número alto de conmutaciones por tráfico ilícito de drogas, dijo que “no dispuso priorizarlas”, y que eso “corresponde a ellos (los ministros)”.
La Megacomisión concluye que, si bien el otorgamiento de indultos y conmutaciones es una potestad presidencial, esta se encuentra sujeta a los límites establecidos en la Constitución. Su uso es “discrecional”, pero no por ello puede ser arbitrario. En su otorgamiento, “no se aprecia motivación alguna, ni mucho menos un razonamiento suficiente que permita concluir en el perdón de la pena”, ni una “explicación objetiva que sustente la decisión”, lo cual se agrava al detectarse que fueron “otorgadas a organizaciones delictivas y grupos familiares completos”.
Asimismo, García atentó contra su carácter excepcional al entregarlos masivamente, convirtiéndose “en una vía arbitraria de excarcelación, de indiscriminada liberación de condenados por los delitos de tráfico ilícito de drogas, tanto en su forma simple como en su forma agravada”.
Que las conmutaciones hayan sido a narcotraficantes no es menor: la Megacomisión insiste en más de una ocasión en que esto contraviene el artículo octavo de la Constitución, que “establece que el Estado combate y sanciona el tráfico ilícito de drogas”. No es un delito cualquiera: es un delito constitucionalizado.
En suma, “la concesión de conmutaciones de pena a condenados por tráfico ilícito de drogas traspasó los límites formales y materiales derivados de la Constitución”. Mientras “el Poder Judicial cumplió con juzgar a quienes incurrieron en la comisión” de este delito, “el Poder Ejecutivo utilizó la prerrogativa del Derecho de Gracia para sustraer del cumplimiento de la pena a aquellos actores que agraviaron a la sociedad con la comisión de este ilícito”. Esto no respondió a una política elaborada por el Ministerio de Justicia, según el informe, “sino que se trató de una política del Ejecutivo en el tema penitenciario, que se aplicó durante toda la gestión de Alan García Pérez”.
Lo encontrado permite establecer, afirman, “indicios de responsabilidad penal” en Alan García por la presunta comisión de los delitos de encubrimiento personal y asociación ilícita para delinquir. Asimismo, halla indicios razonables de que García infringió los siguientes artículos 39, 43, 44, 45 y 118 de la Constitución. También encuentran indicios para concluir que García transgredió el artículo octavo de la Carta Magna, que “ordena imperativamente que el Estado combata y sancione el tráfico de drogas”.
Por esto último, “corresponde formular denuncia constitucional contra el expresidente Alan García Pérez”, especialmente “por el incumplimiento de lo establecido en el artículo 8 de la Constitución Política del Perú” (página 149 del Informe).

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El Congreso salva a un presidente (y acusa a otro)
« Respuesta #3 : marzo 29, 2015, 11:12:37 am »
El Congreso salva a un presidente (y acusa a otro)Nos tomamos licencias con la palabra presidente. Primero, el regional. Y esto es un asco. ¿Recuerdan que les explicamos en 3 pasos que Ancash es un régimen de terror? Ese post llegó tarde para el Congreso:
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Es decir, el informe de la comisión investigadora que corrobora las denuncias  el fallecido Ezequiel Nolasco ni siquiera se debatió. Se archivó nomás. Según La República, seis congresistas votaron a favor del archivamiento:
 
  • Alejandro Aguinaga (Fuerza Popular),
  • Mauricio Mulder (Apra),
  • Luis Iberico (Alianza por el Gran Cambio),
  • Rogelio Canches (Gana Perú),
  • Mariano Portugal Catacora (Perú Posible)
  • Josué Gutiérrez (Gana Perú).
Además, se registraron cuatro abstenciones:
 
  • Rolando Reátegui (Fuerza Popular),
  • Julio Gagó (Fuerza Popular),
  • Esther Saavedra (Gana Perú)
  • Segundo Tapia (Fuerza Popular).
Todo lo que pase en Ancash a partir de ahora, ya no sólo será responsabilidad del presidente regional César Álvarez –llamado “La Bestia” por Rómulo León–, sino también de estos congresistas.
Por otro lado, algo en el congreso sí funciona bien. Ahora, el caso del expresidente:
Captura de pantalla 2014-03-26 a la(s) 09.43.38 height=679
 
Explica  :
 <blockquote>Según el grupo de trabajo parlamentario, García Pérez transgredió los artículos 8, 39, 43, 44, 45 y 118 de la Constitución al aprovechar su cargo de Jefe de Estado para otorgar indultos y gracias presidenciales a condenados por tráfico de drogas.
Entre 2006 y 2011, el gobierno de Alan García otorgó más de 3 mil conmutaciones de penas a narcotraficantes. Además, se conmutaron las penas de 1,628 condenados por delito de robo agravado y 180 por delito de hurto agravado.</blockquote> Y así todavía sigue saliendo a quejarse de la seguridad ciudadana. Tenemos el documento aquí, para que todos lo puedan consultar:
Y que se haga justicia.

 

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estas son una pequeña muestra de los trabajos que realizo, tenga en cuenta que cuando personalizo algún objeto necesito que usted haga una buena inversión de dinero, tiempo y paciencia para lograr una buena obra de lo contrario no habra mucho que hacer, los pequeños detalles y el buen acabado solo los puedo obtener si mi trabajo lo hago tranquilo y con la paciencia que me caracteriza, en pocas palabras usted obtiene lo que invierte en ello y nada más, por ejemplo algunas de estas obras tienen más calidad que otras. Cada cierto tiempo cuando el tiempo me alcance iré aumentando mi galería de obras. Ojala sean de su agrado.
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